Cataluña se encamina hacia un escenario electoral inesperado este 12 de mayo, después de que Pere Aragonès anunciase el adelanto de las elecciones, sacudiendo el panorama político regional. Las elecciones, inicialmente previstas para 2025, se han adelantado en un contexto de tensiones y desacuerdos políticos que han dejado al gobierno sin capacidad para sacar adelante los presupuestos. Este giro ha sorprendido a todos, planteando la pregunta ineludible: ¿qué ha llevado a esta decisión tan drástica?

La raíz del adelanto electoral se encuentra en la fractura del bloque independentista y la fallida aprobación de los Presupuestos. Desde octubre de 2022, ERC se ha visto obligada a buscar nuevas alianzas con PSC y los Comuns para intentar avanzar su agenda. Sin embargo, el desacuerdo sobre el proyecto turístico Hard Rock en Tarragona ha resultado en la caída de los presupuestos, forzando la mano del Gobierno hacia una convocatoria electoral anticipada.

La elección del 12 de mayo como fecha para las elecciones no es casual. Conscientes de su posición fortalecida tras las negociaciones de la ley de amnistía y las circunstancias desfavorables para sus adversarios, los republicanos buscan capitalizar el momento. Además, se anticipa un verano complicado por la sequía, lo que podría afectar negativamente la percepción pública de su gestión. Este cálculo estratégico apunta a maximizar sus oportunidades ante las urnas.

En este contexto, emerge la figura de Puigdemont como posible candidato, una opción que su partido da por segura y que él mismo contempla. Gracias a la amnistía, podría regresar a España sin riesgo de detención, marcando un punto de inflexión en la política catalana. Mientras tanto, ERC reevalúa su estrategia a nivel nacional, presagiando cambios significativos en su relación con el gobierno central y las dinámicas políticas en España.

Informes de distintos organismos

Pedro Sánchez defiende trabajar por la "regeneración pendiente": esto dicen los indicadores internaciones sobre la democracia española

'The Economist', 'Freedom House' y 'Amnistía Internacional' tienen diferentes informes en los que analizan en profundidad la calidad democrática en España.