Los ciudadanos extranjerosno podrán comprar viviendas en Canadá durante los próximos dos años. Es la decisión que ha adoptado el Gobierno de Justin Trudeau, cuyo objetivo es limitar el precio de las casas, que han subido de media un 40% en los últimos dos años.

"Las casas son para las personas, no para los inversores", defendió Trudeau, que quiere frenar la entrada de fondos de inversión extranjeros. Donde más han subido los precios de las casas han sido en Vancouver y Toronto, con subidas de un 20%. El Gobierno lo controlará con multas de casi 7.000 euros tanto para compradores como para vendedores, con tribunales de justicia de las 10 provincias canadienses como encargados de controlar que las operaciones de compraventa cumplen la norma.

Habrá excepciones para refugiados, residentes permanentes, estudiantes, inmigrantes con permiso de trabajo y solicitantes de asilo. Esta medida es similar a la que ya aprobó Nueva Zelanda en 2018 o Dinamarca, que exige ser residente en el país para poder comprar una casa. En Malta, se pide tener un domicilio estable durante al menos cinco años.

En España nos pasa lo contrario, fomentando que extranjeros compren casas en nuestro país. Desde 2013, el Gobierno de Rajoy creó las famosas 'Golden Visa': los extranjeros que se gasten medio millón en un inmueble obtienen un visado en nuestro país. Según los ultimos datos (2021), hay registradas casi 7.500 'Golden Visa' ahora en vigor, lo que significa que 7.500 extranjeros que han logrado residir en España gracias a que se han comprado una casa de al menos medio millón de euros o inversiones parecidas.

Estas compras suponen un 14% del total de compraventas de media, una de cada siete viviendas vendidas en España. Es más, solo en el tercer trimestre del año se han disparado hasta el 16%, niveles nunca vistos según el Colegio de Registradores. Desde hace cinco años, la tendencia, salvo en la pandemia, es al alza.

Marcha atrás medioambiental

El cambio climático no es cosa suya: PP y Vox, contra los carriles bici en varias ciudades

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres ha alertado que "hemos abierto las puertas del infierno". Mientras que algunas ciudades de Europa, entre las que se encuentran algunas gobernadas por PP y Vox, han anunciado que van a desmantelar los carriles para bicicletas para ser "más acogedoras" para los coches.