El mes de febrero ha empezado con susto para muchas familias: estos días están llegando las primeras facturas del gas del invierno y aquellos hogares con una tarifa del mercado libre han podido comprobar en sus bolsillos las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Algunos han pagado hasta el doble por poner la calefacción que en la misma factura del año pasado. Por ejemplo, hace un año cobró a una familia cualquiera 6 céntimos por el Kw/h. Con un IVA del 21% pagaron 551 euros por dos meses. Esta misma familia, un año después, ha pagado 1.008 euros, a pesar de haber reducido el IVA al 5% y de haber consumido menos. El Kw/h se ha disparado a los 22 céntimos.

Una de las maneras para evitar esta escalada del precio es cambiarse a la tarifa regulada, la Tarifa de Último Recurso (TUR). Hasta ahora las diferencias entre unas y otras no eran demasiado grandes, pero ahora resultan fundamentales. El coste de una tarifa normal puede ser el doble que el de una regulada.

El Gobierno aprobó diversos cambios el año pasado para permitir que las comunidades de vecinos pudieran sumarse a la tarifa. Sin embargo, de las 1,7 millones de comunidades que podrían beneficiarse, solo lo han hecho unas 2.000. O, más bien, lo han logrado: el cambio a esta tarifa se ha convertido en una carrera de obstáculos. Así, por ejemplo, no puede haber vecinos que no estén al corriente del pago, ha de haber contadores individualizados en cada hogar (o al menos prometerlo), los hogares han de contar con le certificado energético y, además, que la empresa lo gestione rápido.

Hay que lograr contratar a una Comercializadora de Último Recurso (CUR), pero solo hay cuatro y están sufriendo la avalancha de usuarios que han intentado pasarse del mercado libre al regulado que controla el Estado. Solo 2.000 comunidades, de las 1,7 millones del país, lo han conseguido.