En laSexta Clave hemos querido conocer los secretos de unos terrenos de 480 hectáreas pertenecientes a los Queipo de Llano y que no acaba de declararse público pese a las décadas de reivindicaciones de las asociaciones de Memoria Histórica.

Adelante Andalucía ha solicitado hacer públicos los terrenos del cortijo de Gambogaz, que perteneció a uno de los generales más crueles del bando golpista. Echemos la vista atrás, concretamente a la nochebuena de 1937. Ese día, Queipo de Llano compró la parte del mayor propietario del cortigo, costándole 1.590.000 pesetas. En teoría, pagó 840.000 pesetas al propietario y otras 750.000 pesetas al banco, con el que aún tenía una deuda por la hipoteca.

En teoría, más adelante se hizo con la totalidad del cortijo. Decimos en teoría porque ese propietario que tenía la mayor parte del cortijo murió antes de haber recibido dinero. Es más, estaba en la cárcel por tráfico de divisas con Gibraltar cuando Queipo de Llano compró el cortijo.

Cuando salió de la cárcel, la otra familia propietaria denunció que el general les exigió que le vendieran su parte o enviaría a sus familiares a primera línea del frente. Es entonces donde surge otra de las grandes dudas: ¿cómo pagó? Porque sí que se sabe que Queipo de Llano no era precisamente rico.

Aquí surgen dos teorías: una oficial y otra extraoficial. La oficial asegura que el dinero salió de una suscripción popular por la que se pidió dinero y se logró en poco menos de una semana. La teoría extraoficial dice que ni pagó dinero al propietario ni al Banco de España, sino que le salió gratis. Es más, habría salido ganando, porque el Banco de España y el propietario donaron dinero a Queipo de Llano para que convirtiese el cortijo en una fundación.

Hasta la prensa se hizo eco de la fundación, pero lo cierto es que acabó siendo un lugar donde trabajaron aquellas personas que habían luchado en su contra. Allí llegaban presos republicanos.

¿Puede ser declarado como un bien público?

La Ley de Memoria Democrática no contempla la reversión de bienes privados incautados. Es decir, que si alguien se hizo con algo de otro durante la guerra o la dictadura aprovechando su posición o la posición del que se la quitó, no la tendrá que devolver, lo que dificulta que estos terrenos pasen a manos públicas.

Este caso no es parecido al del Pazo de Meirás, ya que era un edificio público donde todo estaba levantado con dinero público y no había un título válido en el que estuviera reconocida la posesión de Franco.

Queipo de Llano actuó como un criminal de guerra que llegaba a decir que las 'rojas' serían violadas por los soldados franquistas. Además, autorizó el ataque contra los miles que huían de la guerra en 'la desbandá' de Málaga.

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