El Gobierno quiere cambiar el delito de malversación en España. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que esta reforma no es para beneficiar a políticos vinculados con el independentismo catalán, lo cierto es que la enmienda transaccional firmada por el PSOE y ERC sí pude suponer modificación de penas a algunos de los políticos independentistas condenados por el 'procés'.
El nuevo texto rebajará la pena máxima para la malversación de la que se acusa al independentismo por el 'procés' de 12 años a 4. La pena de inhabilitación, que era de 10 a 20 años, ahora también se quedaría de dos a seis. En laSexta Clave han analizado cómo será este cambio del delito de malversación en el Código Penal y también cómo podría afectar a políticos como Oriol Junqueras o Carles Puigdemont.
Para empezar, hay que distinguir entre los dos tipos diferentes de malversación que existen. El primero es el de la de apropiación indebida, que es cuando hay ánimo de lucro y el cargo público o un tercero se queda con dinero del erario público.
El otro tipo es el de la administración desleal, introducida por el PP en el 2015, que consiste en partidas que están presupuestadas para unos fines emplearlos en otros fines distintos. Esta es la que se aplicó a los dirigentes independentistas.
Hasta ahora, ambos tipos se castigan igual, de dos a 12 años de cárcel y de diez a 20 años de inhabilitación.
A partir de aquí, vemos cómo puede afectar a algunos políticos este nuevo texto. Por ejemplo, a Oriol Junqueras, que tiene la pena de cárcel conmutada por el indulto y le queda la pena de inhabilitación de 13 años. En su caso, todo dependerá de la interpretación que hará el Tribunal Supremo de la disposición transitoria que está en la proposición de ley sobre la sedición que dice que hay que revisar de forma limitada en los casos en los que hay indulto parcial.
Entonces, dependerá de la liquidación de esa inhabilitación que realice el Supremo y si considera que se le puede revisar o no la condena. De ello dependerá si se puede presentar a las próximas elecciones generales o no.
Carles Puigdemont es, en cambio, el gran beneficiado de este texto porque todavía está pendiente de juicio. La sedición se ha eliminado y en su lugar se incorpora el delito de desordenes públicos agravados que tiene un máximo de cinco años de prisión. Además se ha rebajado la pena de malversación a cuatro años. Así que en el peor de los caos para él sería condenado a nueve años de prisión, cuatro menos de los que se impusieron a Junqueras
Además, con esta reforma la extradición de Puigdemont estaría más cerca. Si hasta ahora se le reclamaba por rebelión, sedición y malversación, ahora los dos primeros delitos no se le pueden imputar. Así, por unos desordenes públicos va a ser más fácil que en determinados países europeos le puedan entregar.
Como apunta el periodista Alfonso Pérez Median hay otros grandes beneficiados por esta reforma que son todos los altos cargos independentistas procesados, los "soldados del 'procés'", que están en dos causas distintas, por la logística del referéndum y por la acción exterior de la Generalitat de Cataluña.
Otro nombre para seguir compendiando el cambio: José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, condenado por malversación. ¿Puede acabar beneficiándose de esta reforma? Como apunta Pérez Medina, "en principio no" porque él no fue condenado por la modalidad de administración desleal sino por la de apropiación indebida, porque en los ERE sí había lucro para terceros.
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