En un acontecimiento sin precedentes en la historia de España: se ha llegado a un consenso integral para poner fin a la larga y compleja situación de la Cañada Real, el asentamiento ilegal más grande del país y uno de los más notorios de Europa. El acuerdo, que reúne al Gobierno central, la Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas, contempla una inversión de 330 millones de euros para el realojo de las casi 2.000 familias que actualmente habitan en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos como luz y agua corriente.

La historia de la Cañada Real se extiende a lo largo de casi 15 kilómetros, a una media hora de distancia de la Puerta del Sol, en Madrid. Este asentamiento irregular se ha desarrollado sobre una antigua vía pecuaria, transformándose en un complejo mosaico social que incluye desde trabajadores y migrantes hasta sectores afectados por la marginalidad y la extrema pobreza. La falta de infraestructuras básicas como plazas o bancos resalta el abandono oficial que ha sufrido durante décadas.

La evolución de la Cañada Real ha sido única, creciendo de manera orgánica durante más de 40 años. Lo que comenzó con agricultores demarcando terrenos de manera informal, ha culminado en un conglomerado de seis sectores habitados por más de 7.000 personas. Este crecimiento espontáneo y no regulado contrasta dramáticamente con otros barrios que, aunque también empezaron como asentamientos irregulares, con el tiempo se integraron legalmente en el tejido urbano.

Uno de los aspectos más oscuros y desafiantes de la Cañada Real ha sido su asociación con el narcotráfico, ganándose la reputación de ser el mayor punto de venta de drogas en España. Esta situación ha exacerbado los problemas sociales del área, llevando incluso a cortes de electricidad prolongados en el sector 6, afectando a 4.000 personas, muchas de las cuales ya carecían de agua corriente, y exacerbando las condiciones de vida ya de por sí difíciles.

Este acuerdo de realojo no solo marca un punto de inflexión para los habitantes de la Cañada Real sino que también resalta la problemática de los asentamientos ilegales en toda España. Con cerca de 50.000 personas viviendo en condiciones similares en diversos puntos del país, la situación de la Cañada Real refleja una crisis habitacional y social que requiere atención y soluciones a nivel nacional. El pacto alcanzado podría servir como modelo para abordar situaciones similares en otras Comunidades Autónomas.

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