Dos mujeres, Patricia González y María Sevilla, que se llevan a sus hijos a un lugar desconocido para que el padre no pueda verlos. Las dos desparecen en fechas similares y argumentan que los menores han sufrido abusos sexuales.
Hasta aquí, nada que decir. Pero las dos se conocen, actúan bajo el amparo de la misma asociación, Infancia Libre. Tienen los mismos abogados y los menores acuden al mismo psiquiatra, predispuesto a avalar unos supuestos abusos, que ningún tribunal se ha creído.
Para colmo, ninguna de las dos escolariza a sus pequeños. Quizá todo sea fruto de una enorme casualidad, pero no lo parece.
Daniel es la expareja de Patricia. Pasó dos años sin saber nada de su pequeña, aguantando acusaciones de abusos contra ella. Pero al final no se encontraron indicios contra él. Sin embargo, el psiquiatra de la niña no dejó de medicarla y su opinión fue tenida en cuenta.
Argumentaba que la menor tenía ansiedad y que no podía estar cerca de su padre. El autor de esos informes es el doctor Antonio Escudero Nafs, un psiquiatra de prestigio y negacionista de la alienación parental. Es decir, no cree que la madre o el padre puedan manipular los pensamientos de un niño en su beneficio.
Exactamente igual que en el caso de María Sevilla. El juez refleja en una sentencia que el psiquiatra se forma una opinión por lo que le cuenta la madre, a la que califica de obstruccionista y un peligro para el chaval.
Rafael se pasó también dos años sin ver a su niño. La madre lo tenía escondido en una finca, sin ir colegio ni al médico con la biblia como única lectura. En cuanto a los abogados, Carmen Simón y Carlos Vaquero, se apoyan en un argumento sólido: los abusos sexuales, pero aun así han ido perdiendo cada batalla.
Cierran este círculo de colaboradores una pediatra y una psicóloga de la Sanidad pública andaluza que avalaron que los dos niños no fueran al colegio. La cuestión es si hay más niños retenidos y hasta dónde llega la rede de Infancia Libre.