El prestamista madruga y sale de su barrio, donde quizá ningún vecino sepa que fue detenido hace cinco años, acusado de blanquear el dinero de una banda de narcotraficantes. Antonio Arroyo se dirige hacia una de sus muchas empresas, cuya oficina central está situada en una de las mejores zonas de la capital.

El portero le avisa cuando alguna de sus presuntas víctimas o algún periodista merodea la zona. El prestamista no llama la atención aquí, parece un gran empresario que acude a la primera cita del día.

Presume de haber firmado 50 préstamos al mes durante seis años: 3.600 familias en sus manos. Ajeno al sufrimiento de sus clientes, el prestamista sigue su rutina diaria, algo que no puede hacer Juan Puche: "firmé un préstamo con Antonio Arroyo de 45.000€ y ha sido mi ruina".

La desesperación lleva a encontrar el anuncio, a descolgar el teléfono y a pedir dinero prestado a unos desconocidos. Al otro lado del teléfono, los intermediarios del prestamista se ponen en  marcha. Comienza la caza.

Los intermediarios más activos tienen su oficina en pleno corazón financiero de Madrid, donde pasan desapercibidos mientras gestionan los créditos para familias desesperadas. Son dos socios, imputados también, acusados de estafa. Pablo Pérez es el que más clientes le lleva. 

El prestamista se lamenta de que este año no firma más de tres préstamos al mes, así que ya no se protege. Prescinde de intermediarios y hace él mismo los negocios. Lo que no cuenta es que enseguida lo sube al 29%, un interés que la Unión Europea ha dictaminado como abusivo.