El Gobierno estudia la reconversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil y la creación de un censo de víctimas con un banco de ADN. Otra de las medidas planteadas es la extinción de la fundación de los monjes benedictinos.
Entrevistamos al secretario de Estado de Memoria Democrática. Fernando Martinez López afirma que con la nueva ley de Memoria Democrática, "la primera medida que va a adoptar el Gobierno es la elaboración de un nuevo marco jurídico que ha de regir el Valle de los Caídos". "Eso implica una derogación total de lo que es la legislación que ha regido el Valle de los Caídos que, fundamentalmente, tiene como finalidad dar honra a aquellos que murieron por dios y por España", afirma.
En relación a los monjes benedictinos, Martinez López expresa que "el mantenimiento de la fundación y el encargo de los benedictinos es totalmente anacrónico en este momento y no tiene ningún sentido en un estado democrático". "El planteamiento que hace la proposición de ley es muy claro: se deroga lo que es la fundación de la santa cruz, lo que supone que hay una derogación clara y explícita también del encargo que tenían que tener en este caso los benedictinos", explica el secretario de Estado de Memoria Democrática
"Lo que si contempla la proposición de ley es que una vez que se apruebe haya una dotación económica para lo que tenga que ser exhumaciones", apostilla, añadiendo que "el compromiso que viene teniendo el Gobierno es posibilitar la exhumación de los restos de las personas que están allí inhumadas, siempre y cuando lo demanden los familiares y técnicamente sea posible porque en algunas criptas hay una situación que crea bastantes dificultades".