Lo que comenzó con unas huertas a finales de los años 60 ha terminado convirtiéndose al cabo de 40 años en el mayor asentamiento ilegal de Europa.
En 2011, se publicó una nueva ley que eliminó su condición de vía pecuaria, y los terrenos pasaron a ser patrimonio de la Comunidad de Madrid. Seis años más tarde, todas las administraciones con responsabilidad en la Cañada Real firman un acuerdo para buscar una solución.
Un pacto con el que se comprometen a adoptar medidas para mejorar las condiciones de vida en la Cañada, como adecuar los viales, instalar contenedores y recogidas de basuras y el abastecimiento de agua y luz.
Sin embargo, hasta que el pacto se cumpla los 7.200 vecinos de la Cañada Real seguirán viviendo de forma irregular. Rosario Roldán es uno de ellos. Afirma que, a pesar de que ha pagado impuestos durante algunos años, lo ha dejado de hacer para que no le quiten la casa: "Quiero pagar la luz, y el agua y contribución".