El alcalde de Palma de Mallorca, Antoni Nogueira, consiguió el 26 de julio de 2018 que la capital balear se convirtiese en la primera ciudad española en la queestá terminantemente prohibido alquilar un piso turístico.
Una prohibición que, según Airbnb, ha costado una pérdida de más de 500 millones de euros al Ayuntamiento. En Baleares llegó a haber más pisos turísticos que en París o Nueva York, y solo en Palma 25.000.
Casi la mitad del Producto Interior Bruto de las islas Baleares lo genera el turismo con 12.000 millones de euros; y taxistas y baleares coinciden en la importancia del sector para la supervivencia en las islas.
Pero el archipiélago no solo ha sido pionero en la prohibición de pisos turísticos, además han desarrollado una aplicación para que los turistas puedan identificar la viviendas turísticas que tienen licencia, y Equipo de Investigación ha comprobado que los pisos que detecta la aplicación distan de los numerosos apartamentos que ofrecen las entidades turísticas.
Pese a estar prohibido, Airbnb sigue ofertando el 65% de los pisos turísticos que había antes de la prohibición. Equipo de Investigación ha conseguido contactar con uno de esos anfitriones ilegales: se expone a una multa de entre 20.000 y 40.000 euros.
El hombre, que ha decidido ocultar su rostro ante las cámaras, ha declarado que lo hace porque tiene "miedo", y que continua ofertando pisos porque necesita dinero: "Tenía un restaurante, se fue a pique y yo a la ruina. Con mi edad nadie te quería, (…) entonces no me quedaba más remedio o de vender la casa o hacer esta ilegalidad", ha declarado.
Para que le descubran tendría que ser delatado por uno de sus vecinos, y ya se han registrado más de 140 denuncias vecinales. Dos de ellas emitidas por una profesora de la ciudad, que declara que cree que sus denuncias han quedado en nada: "Hay solo 15 inspectores para un volumen tan alto de pisos turísticos"