En Castilla-La Mancha votaron una propuesta inédita en España de un proyecto de ley de medidas integrales para la protección inmobiliario y contra la okupación ilegal de viviendas, que salió adelante con 23 votos a favor y ninguno en contra. El proyecto de ley incorpora el desalojo exprés en un plazo máximo de 48 horas, la petición del endurecimiento de las penas (hasta tres años de cárcel en caso del uso de la violencia), y una multa de 12 meses si la ocupación es pacífica pero no consentida, entre otras medidas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien abandera este acuerdo, afirma a Equipo de Investigación que se trata de medidas "de racionalización, más que de persecución". "Quien no quiera ver el problema de la okupación es que tiene telarañas ideológicas que nos llevan a ver esto como un problema para los más pudientes, cuando en realidad el 90% de la okupación ilegal se produce en barrios obreros", señala.

En este sentido, García-Page afirma que "por cada caso realmente desesperado de una persona que necesita una vivienda, a la que tendríamos la obligación de dar una salida, lo que se producen son diez casos de okupación deliberada. en muchos casos violenta".