Miriam Ruiz Castro / @MiriamRuiz_
Menos de 24 horas después de ser reprobado por la mayoría absoluta de la Cámara Baja, Rafael Catalá ha tenido que responder a las acusaciones del resto de grupos parlamentarios sobre su gestión al frente de la cartera de Justicia.
La diputada socialista María Mercè Perea preguntaba a Catalá cuándo van a cesar las “injerencias del Gobierno” en el trabajo de los fiscales que luchan contra la corrupción, y el ministro de Justicia respondía negando la mayor: “Injerencias del Gobierno en la Fiscalía, ninguna”. Y añadía: “Y no es que lo diga yo, que me imagino que valdrán muy poco mis palabras para ustedes. Lo dicen las asociaciones de fiscales, el Consejo Fiscal, el Fiscal General del Estado… injerencias, ninguna”.
Ya en febrero, la Unión Progresista de Fiscales emitía un comunicado en que aseguraban que “algunos de los nombramientos” que había anunciado el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, suponían “un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal, pues tales decisiones solo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico”.
Desde mayo, la que es una de las dos asociaciones de fiscales mayoritarias ha denunciado lo que consideran “injerencias” en la Fiscalía y, en otro comunicado, pidieron incluso el cese del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix —también reprobado ayer por el Congreso— justificando su petición en que “la tensa situación generada por el nuevo fiscal jefe Anticorrupción con los demás integrantes de una Fiscalía que le era del todo ajena cuestiona su idoneidad para continuar en el cargo”.
La asociación se ha mostrado muy combativa en redes sociales y el pasado 10 de mayo pedía incluso terminar con “las injerencias en la Fiscalía del Partido Popular”.