El Gobierno tiene la última palabra sobre un indulto. Podría parecer lo que opinen los jueces o Instituciones Penitenciarias, el Gobierno es el organismo que finalmente decide. "Históricamente el derecho de gracia lo tenía el rey, a partir del siglo XIX y de la ley actual que es de 1870, esa última palabra la tiene el Ministerio de Justicia", explica el juez Marcelino Sexmero.
Instituciones Penitenciarias elabora un informe de la gente que está en la cárcel y que quiere salir de ella, sin embargo es el ministerio gestionado por Gallardón quien da el visto bueno a esta denominada 'medida de gracia'. "Una petición de indulto tiene que venir informada por el tribunal sentenciador y el ministerio fiscal. Esos informes pueden ser o no para el Gobierno porque no tiene la obligación de seguir lo que dicen. Que la última decisión la tenga el Gobierno parece lógico que eso sea así", afirma Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias 2004-2012. "El problema es cómo la toma", se pregunta Gallizo.
Parece que hay un choque entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Si un juez o varios técnicos realizan informes contrarios pero un Gobierno concede el indulto, se podría pensar que hay otras cosas detrás. "Efectivamente es una injerencia clara por poder ejecutivo en el poder judicial, lo que pasa es que es una injerencia legal. El problema es que esa injerencia legal, cuando hay abuso sobre todo en su discreción, se convierte en una injerencia indebida".
"Yo soy partidario de superar el sistema heredado del siglo XIX y otorgar esa posibilidad a una comisión mixta que dé una objetividad al indulto y evitando el abuso", reflexiona Sexmero. "Los indultos acaban siendo siempre derivados hacia perfiles delincuenciales como la corrupción o la delincuencia económica, que son los menos a nivel porcentual en España pero sin embargo se llevan la mayor parte de los indultos".