Hace 10 años, un kamikaze avanzó cinco kilómetros por una autovía en dirección contraria y acabó con la vida de un joven de 25 años José Alfredo Dolz, en Alzira, en la Comunidad Valenciana. Le condenaron a 10 años de cárcel pero sólo cumplió 10 meses tras un indulto del Gobierno que marcó un punto de inflexión.

La fiscalía y la Audiencia de Valencia se opusieron al indulto y su familia no entiende cómo se le ha podido conmutar a un kamikaze 13 años de prisión por 4.000 euros. “El poder político se ha llevado por delante todo el trabajo judicial”, explica Loreto Dolz, hermana de la víctima.

No ha sido la primera vez que se le concede un indulto a un conductor kamikaze. Por ejemplo, el último Gobierno socialista otorgó uno a un conductor condenado a 12 años de cárcel que había cumplido poco más de la mitad de la condena. Pero este caso es especial porque por primera vez el Tribunal Supremo ha levantado la voz y ha suspendido la decisión del Consejo de Ministros.