La Justicia ha puesto coto a la venta de viviendas públicas a los fondos buitre. Por un lado, el Supremo ha confirmado la nulidad de la venta en 2013 de 3.000 viviendas de la Comunidad de Madrid, cuando Ignacio González era presidente, a un fondo de inversión, y por otro, la Audiencia Provincial de Madrid sentará en el banquillo algunos de los responsables de una operación similar llevada a cabo cuando Ana Botella era alcaldesa.

Para conoce la repercusión que han tenido estos casos, El Intermedio ha entrevistado a Alejandra Jacinto, abogada de la plataforma de afectados por la vivienda pública y social. Explica que la decisión de los gobiernos madrileños fue una "traición a toda la ciudadanía y a los adjudicatarios de esas viviendas que llevaban más de diez años esperando poder acceder a una vivienda social".

A partir de entonces, se han visto todo tipo de situaciones, según explica la experta. "Hemos visto cómo un fondo de inversión ofrecía dinero a personas para que abandoran las viviendas para poder seguir especulando con las viviendas públicas, hemos visto cómo se han iniciado centenares de procedimientos de desahucios porque las personas ya no podían pagar las rentas que pedían los fondos e incluso casos en los que aunque los inquilinos continúan pagando las rentas mucho más elevadas, los fondos deciden rescindir el contrato de alquiler para sacarles mayor rentabilidad económica", relata.

Esto, considera que "es una decisión política totalmente indecente": "Hablamos de casi 5.000 familias que han sido expulsadas de su derecho a tener una vivienda social".

Por ello, cree que "quien tiene que pagar por esto son los responsables políticos que tomaron la decisión en 2013 y el fondo de inversión que compró vivienda social, que es un servicio público". "Ahora habrá que dirimir las responsabilidades económicas de esta operación para que no seamos los madrileños los que tengamos que pagar dos veces este pato", añade.

Por último, Jacinto se muestra esperanzada con los procesos judiciales abiertos, pero no tanto con las responsabilidades políticas: "Estamos conociendo resoluciones que llenan de esperanza a todas las familias afectadas, pero a nivel político es bastante escandaloso que ningún cargo del PP haya presentado su dimisión y haya asumido responsabilidades", sentencia.

Otros momentos destacados

En varias ocasiones El Intermedio ha contactado con personas afectadas por los fondos de inversión en la vivienda pública. Conocimos entonces el caso de Esther García, que aseguraba que les había "metido en esta pesadilla y no nos quieren sacar".

También conocimos la historia de Arantxa, afectada por los fondos buitre. "Nos dijeron que era nuestra casa para siempre. Me han hipotecado la vida", explicaba durante la entrevista.