Tres trabajadoras de atención sociosanitaria a domicilio llevan 16 días acampando ante la sede del Ministerio de Trabajo, en Madrid. Su objetivo: conseguir un compromiso firme por parte del Gobierno para mejorar las condiciones laborales del sector; condiciones que han empeorado notablemente, como los bajos salarios, por la pandemia de coronavirus. En su inmensa mayoría mujeres, suponen un sector clave para la ley de dependencia. Son más de 100.000 profesionales encargadas de atender a las personas vulnerables.

Para conocer con más detalle la reivindicación de estas trabajadoras, la periodista Andrea Ropero ha hablado con Eva, Carmen y Teresa, las tres sociosanitarias que llevan acampadas frente a Trabajo desde el 1 de noviembre. "Lo más duro de este trabajo es todo: las condiciones en que nos tienen, el desprecio, las lesiones que se van agravando con los años, nuestro salario es de miseria. Incluso hay compañeras monomarentales criando a sus hijos y que tienen que ir a las colas de servicios sociales a pedir ayuda", ha denunciado Carmen Diego.

El día a día de estas trabajadoras no es nada fácil, como han contado en este vídeo sobre un trabajo que, además de ser duro, deja muchas secuelas. "Sufrimos lesiones de columna, rodillas, hombros, tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, ciáticas...", ha apuntado Eva Miguel, que ha añadido: "También riesgos psicológicos por las duras circunstancias que vivimos en los domicilios y por la ansiedad que nos produce nuestra propia precariedad". De hecho, según ha denunciado, en la pandemia se las consideró esenciales y tuvieron que trabajar sin protección: "Fuimos el segundo sector con más contagios, pero nos excluyeron el contagio como enfermedad profesional".

Sus reivindicaciones son múltiples. "Estamos aquí para exigir que la ley de prevención de riesgos laborales se aplique con todos sus efectos a nuestro sector, para pedir que la jubilación se rebaje a los 60 años -porque a los 67 es imposible es imposible atender a las personas-, para pedir la reinternalización del servicio, porque un servicio de titularidad pública no puede estar gestionada de forma privada, esto lo convierte en un negocio", son algunas de las que ha expuesto Teresa Villar.