Juande Fernández, de Greenpeace España, fue uno de los activistas que se subió al hotel en el Cabo de Gata para denunciar la construcción: "Era una pintada gigante que desde las habitaciones donde estábamos pintando no llegábamos a ver, pero desde el barco sí y nos iban dando indicaciones. Llevábamos pintura blanca también por si nos equivocábamos".
A pesar de las sentencias en contra de su construcción y más de diez años después, la obra sigue en pie aunque está abandonada."Se encuentra en ese limbo jurídico en el que ni se abre ni se tumba aquí sigue pasando el tiempo. Hay un entramado, un laberinto judicial pero donde hay más de 20 sentencias que confirman la ilegalidad del propio hotel", afirma Fernández.
La ilegalidad en la construcción del hotel tuvo su origen en la adjudicación de los terrenos, tras la denuncia de los ecologistas se descubrió que los planos del parque natural se habían modificado para que la zona pasara de considerarse protegida a urbanizable.
José Ignacio Domínguez es abogado de asociaciones ecologistas y fue el primero en reclamar aquella obra: "En el año 2003 vi que empezaron a construir el hotel y fui a consultar al director del parque y le dije que estaban haciendo ahí algo y era zona C1, áreas naturales de interés general donde no se puede construir. Y él me dijo que ya no era C1, sino D2, áreas urbanizables. Suponía que lo habían tramitado legalmente con su expediente y su exposición pública. No me podía imaginar que habían cambiado una C1 por una D2 a las bravas".
El cambio en la catalogación del terreno hizo posible que el ayuntamiento de Carboneras concediera la licencia de obras a la constructora. Una licencia que violaba la ley de costas porque el hotel estaba a menos de 100 metros del mar. "Desarrollan todo en base a una situación que es ilegal. No se podía pedir la demolición directamente porque tenía licencia de obras a pesar de estar construido en un parque natural", explica Domínguez.
A pesar de las irregularidades que se habían cometido hubo también quienes se opusieron a la demolición del hotel por las promesas de unos muy necesarios puestos de trabajo. Sin embargo desde Greenpeace aseguran que el hotel no habría enriquecido la zona: "El hotel hubiese pertenecido a una gran cadena de gente que viene con pulserita y come en el hotel. Ese no es el tipo de turismo que más empleo y más riqueza genera para el pueblo. Este tipo de construcciones espanta, no dan ganas de venir a un paraje natural como Cabo de Gata para encontrarte una playa con este tipo de aberraciones urbanísticas".
Las diferentes sentencias y varapalos judiciales hicieron que el Algarrobico acabara siendo incómodo para la administración andaluza y que la demolición se convirtiera incluso en una promesa política.
"De cara a la opinión pública está claro que a la Junta no le interesa defender un hotel porque eso es indefendible, pero no le interesa que derriben porque Azata, la promotora, está pidiendo indemnización. Si ahora la Junta dice que se derribe Azata va a decir ¿ah sí? usted me autoriza, me da informes favorables y ahora me obliga a demoler pues indemníceme".
Finalmente en 2016 el Tribunal Supremo dio la razón a los ecologistas. "Esto es suelo no urbanizable propiedad de la Junta de Andalucía, luego no hay posibilidad legal ninguna de que el hotel acabe abriéndose. Se trata de desmantelar el hotel poco a poco, de recuperar esos residuos y la restauración ambiental de la zona".
"Si no lo derriba el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo ya se encargará el salitre durante muchos años de demolerlo porque eso va a seguir ahí", predice Domínguez.