Las personas que hicieron la vista gorda ante la instalación del camping y quienes escondieron los expedientes desfavorables "están tan ricamente en sus casas", critica Elena Melero, abogada de las víctimas. La letrada lamenta que "no les ha pasado nada judicialmente porque el caso se archivó en vía penal". "Hubo víctimas que estuvieron en la vía penal los cuatro años que duró la instrucción, pero por múltiples motivos -les fallaban las fuerzas, o no tenían capacidad económica para seguir tantos años con un pleito- abandonaron".
El Estado solo compensó a las víctimas que llegaron al final del proceso judicial. Un total de 11,2 millones de euros salieron de las arcas públicas para hacer frente a las indemnizaciones. Melero asegura que la instalación del camping fue "un acto criminal". "Y no sé hasta qué punto por imprudencia pues había advertencias de peligro. En el mejor de los casos por imprudencia, pero criminal, siempre", insiste.
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