Es el organismo encargado de inspeccionar, supervisar las cuentas de las Administraciones Públicas, el destino del dinero. El órgano que se toma como garantía de que cumplen la ley y que las sancionan se cumplen. Se supone que debe dar ejemplo. Sin embargo, según se ha publicado, ha dado ejemplo para mal.

Según publica El País, lo ha dado, pero para mal."El Tribunal de Cuentas contrató a la firma que reformó casas a dos de sus altos cargos" y hay más: habrían troceado esos contratos, algo que el órgano niega.    

La historia salpica directamente a varios altos cargos: Javier Medina, vicepresidente del Tribunal y Consejero de Fiscalización. También a su hermano Enrique, gerente hasta 2012. Sigue en el organismo pero con otro cargo.

Las adjudicaciones partían de ellos dos, y también del que fuera secretario general, José Antonio Pajares. El gran beneficiario de todo esto, sería Ángel Ortega, empresario que se encargaba de las obras. 

¿Cómo habrían funcionado durante años? Hay una cifra clave: 30.000 euros. Si el proyecto de la administración supera esta cifra están obligados por ley a convocar un concurso público para adjudicarlo a una empresa. Para evitar eso, y poder dar las obras a dedo, habrían troceado los contratos. 

Según El País, hay varios con características como estas. Por ejemplo, en 2008 le adjudicaron un proyecto de casi 28.5000 euros; y otro de 28.400. Rozando el límite de los 30.000. Así no tenían que pasar por el control.    

Este sistema se usa si son obras pequeñas o muy urgentes, pero no si es para hacer reformas progresivas de las instalaciones como parece en este caso. 

El Tribunal de Cuentas, reconoce que se contrató a este empresario, pero sólo da información de las contrataciones desde 2010 a 2012. Todos superan los 30.000 euros.