La primera de las medidas para bajar la factura de la luz es la suspensión durante seis meses del 7% del impuesto de generación de electricidad, lo que debería repercutir en las facturas de los españoles y hacerlas algo más baratas, por lo menos, hasta un 4% más barata.

Se elimina el llamado "impuesto al sol" para favorecer el autoconsumo, eliminando los peajes y los cargos que tenía. También, con este real decreto se prohíbe la venta puerta a puerta por parte de compañías eléctricas y de gas, además de la exención del impuesto de hidrocarburos, el que se conoce como "céntimo verde" para el gas destinado a la producción eléctrica.

Las medidas están encaminadas a luchar contra la pobreza energética. Por eso, se va a colaborar con los Servicios Sociales para evitar cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad.

En este plan de choque hay algo fundamental: el bono social eléctrico. Se amplían los supuestos para poder acceder a él. El objetivo es que se puedan beneficiar de él más personas mayores, familias monoparentales o monomarentales con rentas bajas y, también, hacer más sencillo el trámite.

Hay más de 700.000 beneficiarios de este bono social, pero se quiere llegar a más gente. Éste será financiado íntegramente por las empresas eléctricas en proporción a lo que facturen.

También se crea el bono social térmico para la calefacción que será financiado por el Estado, quien se facilitará a través de un cheque directo a las familias vulnerables. Aquellas familias que tengan derecho al bono social eléctrico tendrán derecho automáticamente a este bono de calefacción.

Medidas que son temporales, durante seis meses, periodo de máxima demanda, de otoño e invierno, mientras se trabaja en la reforma del sector eléctrico.