Con el nuevo decreto ley del Gobierno cambia la situación, pero no se modifica la ley. El Gobierno da un paréntesis de dos años en el que no se va a desahuciar a aquellas personas que estén en situación vulnerable. Dentro de este umbral entran: familias numerosas, familias monoparentales con dos hijos (menores de 3 años) y familias que tengan a su cargo a mayores o discapacitados. La víctimas de la violencia de género también se pueden acoger a esta moratoria.

A toda esta lista de requisitos, se une que la familia sólo tenga una vivienda en propiedad y que los ingresos anuales sean inferiores a 19.170 euros. Hay que acreditar que la situación económica familiar ha empeorado considerablemente en los últimos cuatro años.

Con esta moratoria la deuda no desaparece. Cuando pasen los dos años, la deuda seguirá ahí y por tanto si no se paga el desahucio se efectuará.