Año 2001. La Junta de Andalucía incluye en sus presupuestos la partida 31L, conocida luego como "fondo de reptiles", destinada a ayudar a empresas en crisis y a sus empleados. Alrededor de 6.000 trabajadores, se calcula, accedieron a esos fondos de forma legal, pero entre esos receptores también había intrusos: empresas y consultoras que percibieron, presuntamente, las ayudas de manera ilegal.
Para agilizar su tramitación, la Junta facilitó la función al Instituto de Fomento de Andalucía, luego llamado IDEA, lo que habría permitido que esos fondos se gestionaran, además, sin la obligada fiscalización.
Se creaba así un sistema de concesión ilegal de ayudas públicas que ha sentado en el banquillo a 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, en el marco de la pieza política por el caso de los ERE de Andalucía.
En enero de 2011, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso. La cantidad malversada hasta 2011 ascendería a 855 millones de euros.
El juicio quedó visto para sentencia en diciembre de 2018, tras 152 sesiones desarrolladas durante más de un año. Durante las mismas, el tribunal escuchó a más de 120 testigos, nueve peritos y a los 21 acusados por prevaricación y malversación.
Entre ellos, dos expresidentes socialistas: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. También varios exconsejeros, como Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez y Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y considerado cerebro de la trama.
Este ha sido solo el primer juicio de esta macrocausa, el correspondiente a la pieza política, a partir de ahora empezarán los juicios relativos al resto de piezas de los ERE: en torno a 270, uno por cada ayuda irregular que presuntamente salió de esa partida presupuestaria.