El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al BBVA por delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Lo ha hecho en el marco de la investigación de las escuchas ilegales del excomisario Villarejo para la entidad bancaria.
El comisario más famoso de España, en prisión por delitos de cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales, habría trabajado para el BBVA entre 2004 y 2017 a cambio de unos diez millones de euros. La tarea de Villarejo, presuntamente, era llevar a cabo operaciones de espionaje sobre algunos políticos y empresarios.
Francisco González, presidente del BBVA entre 2000 y 2018, abandonó todos los cargos relacionados con la entidad el pasado mes de mayo y defiende su inocencia asegurando que él mismo impulsó una investigación cuando todavía estaba en el cargo. Él no está imputado en el caso, pero sí su entonces consejero delegado, Ángel Cano.
Julio Corrochano, exjefe de seguridad del banco, también está siendo investigado como posible nexo entre la entidad y el excomisario. El pasado mes de enero se filtraron unos audios en el que se escuchaba una conversación entre Corrochano y Villarejo: "Vete dándome (información). Sobre todo para cuando me llame, porque el presi me llama cada 10 o 15 días, tener las cuatro historias y dárselas".
Entre las víctimas de esta trama de espionaje se encontrarían Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr; el exministro de Industria Miguel Sebastián; y Manuel Conthe, expresidente de la CNMV, entre otros. Unas escuchas ilegales que también habrían sufrido otros empresarios, políticos y periodistas, y que se realizaron con 15.000 pinchazos, cinco coches y diez motos.