El Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor. Un decreto ley que contempla sanciones de hasta medio millón de euros y que regula las actividades y usos del Mar Menor y alrededores.

Las medidas afectan a diferentes sectores. En materia agrícola se limitan los ciclos de cultivo a dos cosechas anuales, se prohíbe el cambio de uso de secano a regadío y se amplía a 500 metros la prohibición del uso de fertilizantes (ahora está en 100 metros).

En cuanto a la ganadería se prohíbe la implantación de nuevas instalaciones de ganado porcino. También se limita la actividad pesquera en lo referente a periodos y zonas.

Otro de sus puntos centrales es la suspensión de nuevos desarrollos urbanísticos, si no se han aprobado antes de entrar en vigor el decreto ley y la prohibición de construir nuevos puertos deportivos.

También hay novedades de materia de navegación: se prohíben algunas embarcaciones como las de alta velocidad o las que alcancen niveles sonoros excesivos. El incumplimiento de estas medidas llevará sanciones, con multas que van de los 2.000 euros al medio millón de euros.

Las "trampas" que oculta el decreto ley

Por su parte, Pedro García, director de ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste), ve insuficiente este decreto ley. "Es una declaración de intenciones, pero falla de manera estrepitosa. Tiene trampas claras a la hora de legislar para la conservación y protección del Mar Menor", denuncia en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Pedro García critica que el Gobierno murciano ha "ocultado el documento" hasta su publicación y señala que, aunque se habla de moratoria urbanística, el artículo 16.2 apunta que no afectaría a las recalificaciones de suelo ya aprobadas. "El proyecto urbanístico 'Nuevo Cartago', una recalificación de suelos entre 8.000 y 10.000 viviendas en el Mar Menor, podría continuar con su tramitación", explica el director de la asociación.