El acuerdo firmado entre Junts y el PSOE recoge, entre otras cosas, la amnistía, el perdón judicial que "beneficiará a responsables políticos y a ciudadanos que antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 han sido objeto de decisiones o procesos vinculados a estos eventos". Aunque el texto no incorpora nombres ni apellidos ni cargos, la horquilla es bastante amplía y esto supone un logro para Puigdemont.
Por otro lado, está la inclusión del término 'lawfare' o judicialización de la política, que se plasma en un párrafo: "se tendrá en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que puedan derivarse situaciones comprendidas en el concepto de 'lawfare'". Sin embargo, no se concreta si entrarían dentro de esa amnistía el jefe de gabinete de Puigdemont Josep Luis Alay, Laura Borrás o el abogado Gonzalo Boye. Todos ellos han sido encausados en delitos distintos al propio independentismo.
En cualquier caso, Puigdemont también ha conseguido incluir la figura de un verificador, una persona encargada de realizar el seguimiento de los acuerdos y del proceso de negociación. Se trataría de una figura internacional de reconocido prestigio.
El PSOE también realiza en el citado documento una concesión verbal al reconocer que en el pasado, desde la sentencia del Estatus, el Parlament y el Govern de la Generalitat han aprobado propuestas como la organización de consultas y de un referéndum, pero señalando que lamentablemente los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política.
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