Uno de los principales caballos de batalla del Gobierno es hacer algo con la cantidad de viviendas vacías que hay en nuestro país: casi tres millones y medio de inmuebles.
¿Cómo? El ministerio insiste en que hay que definir qué es una vivienda vacía y se estaría barajando la posibilidad de gravar a los propietarios de esas viviendas. Una propuesta que afectaría no sólo a promotoras o inmuebles que estén en propiedad de bancos sino también a personas físicas.
Además de movilizar esas viviendas vacías y crear un registro, hay otras propuestas en estudio como la construcción de 20.000 viviendas nuevas o incentivos fiscales a propietarios para que alquilen sus viviendas.
A esto hay que sumar la modificación de Ley de Arrendamientos Urbanos que quiere poner en marcha el Gobierno de Sánchez, con medidas como la recuperación de contratos de alquiler limitados a cinco años o limitar la subida de los alquileres al IPC.
Otra medida, plantear la Ley de Garantía de la Función Social de la Vivienda, una norma para evitar que pisos de protección social o adjudicados a familias en situación vulnerable acaben en manos de fondos buitre.