Según cuenta El Confidencial, el informe de la UCO habla de donaciones ilegales de la empresa Indra entre los años 2008-2013 y que sumarían más de 1.050.000 euros en esa caja B del PP madrileño.
El entramado funcionaría así. La tecnológica española pagaba por servicios no prestados a una red de sociedades controladas por el empresario Óscar Sánchez, imputado en el caso Lezo. Luego esos fondos eran transferidos a otro grupo de compañías gestionadas por el publicista Juantxo Madoz, proveedor habitual de Génova 13. De hecho, ese dinero se habría usado para sufragar costes no declarados de campañas electorales del PP.
Los investigadores sospechan que ese dinero que salía de Indra está relacionado directamente con las adjudicaciones millonarias concedidas a la tecnológica, por parte del Gobierno madrileño; concretamente de la antigua Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
La UCO otorga un papel decisivo en estas operaciones a los entonces hombres fuertes del Gobierno madrileño, Ignacio González y Francisco Granados y también a la propia Aguirre, que habría participado en reuniones con los empresarios involucrados en ese presunto desvío de fondos públicos.