¿Qué está buscando la Guardia Civil en la sede de los árbitros? Es la pregunta que Antonio García Ferreras ha lanzado al periodista José María Olmo, que ha detallado cómo se está llevando a cabo el proceso: "Está buscando pruebas clave. Este caso está precedido de algunas irregularidades que no son normales en la instrucción en el proceso penal. Es extraño que la Fiscalía, cuando comenzó a investigar y recibió la querella de la Agencia Tributaria por el presunto fraude fiscal que el propio Barcelona reconoce, no decretara el inicio de diligencias secretas para hacer un registro en la casa de Negreira o tomar otra medida, como intervenir las comunicaciones".

"Este es el primer registro que se produce, y por eso precisamente tiene un valor clave para poder avanzar en las pesquisas", ha señalado el periodista de 'El Confidencial', que ha precisado que lo que se busca ahora mismo "son las actas de las reuniones en las que el popio Negreira reconoció haber participado cada 15 días en Madrid". Reuniones del CTA, según ha continuado Olmo, en las que "se puntuaba a los árbitros por sus actuaciones en los partidos, donde se decidían los ascensos y descensos, se decidía qué colegiados podían arbitrar partidos internacionales y se nombraba a los observadores que tenían que elevar posteriormente informes sobre los colegiados".

"Es un montón de documentación que explica que el registro se haya alargado", ha expuesto el periodista, que también ha entrado a valorar el auto demoledor del juez: "Provoca que el Barça pase a estar imputado como persona jurídica por pago de sobornos. Es un delito comprensible que además está en todas las jurisdicciones del mundo y que puede desencadenar algún tipo de consecuencia en el ámbito deportivo". Olmo ha apuntado que "al aplicar este delito, que no había ocurrido hasta ahora, el juez acorta mucho el plazo de instrucción".

En este sentido, ha recordado que el cohecho "exige que alguien considerado funcionario o autoridad pública solicite compensación o dinero por hacer actos arbitrarios que estén relacionado con sus competencias". Y en esta cuestión en concreto, ha añadido: "No es que exista la sospecha, es que está acreditado que el Barça pagó casi 8 millones de euros al menos entre 2001 y 2018. Se dan todos los elementos necesarios para que se pueda producir una futura condena por cohecho".

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