El rey emérito Juan Carlos I podría librarse de la comisión de un delito fiscal si regularizara su deuda con el fisco. Así lo confirma en 'Al Rojo Vivo' el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado: "Si se produce la regularización se evitarían, en caso de que no fuera un delito, las posibles sanciones tributarias y, en el supuesto de que superara la cuota de los 120.000 euros, se evitaría el delito fiscal".

Según ha apuntado Cruzado, el límite del delito fiscal está en 120.000 euros. Ahora bien, solo podría desactivar la comisión de ilícitos si esta regularización fuese "veraz y completa". "Si no se declaran todos los ingresos o todos los incrementos de patrimonio que se pudieron tener en el ejercicio correspondiente, esa regularización carecería de efectos", ha explicado.

El artículo 305.4 del Código Penal establece que, si no se ha iniciado una investigación por parte de la Administración Tributaria, ni hay querella de la Fiscalía, el emérito estaría a tiempo de regularizar su situación, informa Alfonso Pérez Medina.

Además, la Fiscalía puede investigar un supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso de que el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, fueran testaferros de un dinero que en realidad pertenece al emérito y que provendría de un delito.

El procedimiento a seguir

El procedimiento que se seguirá ahora con el emérito es el siguiente. Ahora la Agencia Tributaria tendría que analizar los pagos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause que se utilizaron con las tarjetas 'royal black'. Si los cargos superan los 275.000 euros al año, habría fraude de más de 120.000 y, por tanto, delito fiscal. Se examinan los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018.

La regularización se realizaría haciendo una declaración complementaria y pagando la cuota no tributada más el correspondiente recargo y multa (más de un 70 por ciento según los expertos tributarios).

Después la Fiscalía analizaría la regularización y decidiría si archiva la causa o sigue adelante y presenta querella contra el rey.

El rey está a tiempo de regularizar sus declaraciones fiscales porque aún no se ha presentado una querella contra él por esos delitos fiscales ni se ha abierto una investigación por la Agencia Tributaria