El incumplimiento de las normas decretadas para frenar la expansión del coronavirus en la manifestación antimascarillas celebrada este domingo en la Plaza de Colón. ha llevado a muchos a preguntarse si debería haberse prohibido.
Sin embargo, el magistrado Joaquim Bosch ha sido contundente en Al Rojo Vivo al afirmar que "el derecho a la manifestación está plenamente vigente en nuestro país a pesar de la pandemia".
Bosch, ha precisado que debe ejercerse con respeto a las normas de protección de la salud y ha recordado que incluso durante el estado de alarma hubo manifestaciones el 1 de mayo con confinamiento generalizado de la población y también manifestaciones en contra del Gobierno por el mismo Paseo de la Castellana.
Sanciones
"Lo que pasa es que como ha indicado la Delegación del Gobierno, en este caso, se incumplieron las pautas sanitarias que se habían impartido y además no se respetaron las distancias, no se llevaron en muchísimos casos las mascarillas y esto puede provocar sanciones a posteriori", ha señalado.
En este sentido, Bosch ha explicado que aunque se pueda sancionar, no se puede prohibir el derecho a la manifestación por lo que pueda ocurrir, si no hay otro tipo de razón que las impida.
"Las manifestaciones solo pueden prohibirse cuando haya riesgos para el orden público por peligro de razones físicas para personas o daños en bienes, pero en este caso yo no veo cómo podría haberla prohibido la Delegación del Gobierno", ha indicado.
Bosch ha afirmado que ese riesgo se puede conjurar como ha ocurrido con las manifestaciones anteriores si se guarda la distancia de seguridad, se lleva mascarilla y se adoptan una serie de medidas: "De hecho en el pasado hemos tenido manifestaciones que sí que han sido respetuosas con esa protección de la salud.
"Si desde la Delegación del Gobierno se remitieron las indicaciones y los promotores asumieron que las iban a respetar, no hay motivo para prohibir", ha insistido Bosch, que ha puntualizado que otra cosa es que luego haya un incumplimiento de ese compromiso y en este caso se debe sancionar.
Según ha indicado la Delegación del Gobierno, se produjo desobediencia a los agentes e incumplimiento de cómo tenía que llevarse a cabo esta manifestación y eso, ha indicado el magistrado, puede dar lugar a sanciones por desobediencia que están castigadas con hasta 30.000 euros.