Las empresas españolas del consorcio que se adjudicó la obra del AVE a La Meca pactaron pagar 120 millones de euros a un miembro de la casa real saudí un año antes, según consta en un documento de la investigación que afecta al rey Juan Carlos y que ha asumido la Fiscalía del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso 'El Confidencial'.
El Ministerio Fiscal sospecha que el dinero, acordado como pago al príncipe Abdelaziz bin Mishal por supuestos servicios de consultoría, era en realidad un soborno para hacerse con el concurso de la obra, que se licitó por 6.736 millones de euros.
Una de las periodistas que firma esta información, Beatriz Parera, ha explicado en Al Rojo Vivo que la documentación que maneja la Fiscalía refleja un "verdadero baile de comisiones": desde el "'regalo' de 100 millones de dólares que acaba en la fundación Lucum en Panamá y en una cuenta suiza" al contrato con Mishal desvelado este martes.
Por su parte, el Consorcio Español de Alta Velocidad Meca-Medina (CEAVMM), ha respondido a estas informaciones asegurando que "los acuerdos suscritos por parte de las empresas accionistas de CEAVMM para tal fin han respetado en todo momento los criterios de legalidad y transparencia" y que "seguirá colaborando con la Justicia en todas las acciones que resulten precisas".
En cuanto al papel del monarca emérito, Parera ha señalado que Anticorrupción ha remitido la investigación a la Fiscalía del Supremo "porque existen indicios o sospechas de que pudo haber delitos relacionados con el cobro de esas comisiones del AVE posteriores a la abdicación" de Juan Carlos I, cuando perdió su condición de inviolabilidad como jefe del Estado.
En concreto, ha detallado, "se investiga un posible blanqueo de capitales y delitos fiscales que se habrían cometido al menos en parte de forma posterior a 2014, cuando ya no le cubre esa inviolabilidad".
Precisamente la cuestión de la inviolabilidad centrará un debate jurídico que la Fiscalía debe abordar. "Es seguro que ampara al monarca para todo lo que sucedió durante su reinado, ¿también le ampara de forma posterior?", ha planteado la periodista. "¿Los hechos que arrancaron durante su reinado se consideran olvidados a efectos jurídicos si se cometieron después?", ha agregado.
La Fiscalía pide información de la cuenta del rey en Suiza
En cualquier caso, según Parera, en este momento "desde el punto de vista fiscal no tiene sentido que le llamen a declarar", sino se están llevando a cabo "diligencias de tipo documental". Según ha señalado, la investigación ha recaído en la Fiscalía del Supremo precisamente porque "tenían que empezar a solicitar datos que afectaban directamente al rey".
Al tratarse de una persona "no solamente aforado, sino también en principio inviolable", esto obligaba a trasladar el asunto al Alto Tribunal. En particular, ha señalado, "han pedido documentación vinculada con esa cuenta en Suiza de la fundación Lucum", cuyo "beneficiario último" presuntamente era el rey.