Anabel Montes, jefa de misión del Open Arms, explica que no quieren "entrar en dinámicas de comunicaciones cruzadas" entre el Gobierno y el buque de rescate.
Aun así, se muestran críticos con las manifestaciones que ha hecho estos días la vicepresidenta Carmen Calvo respecto al trabajo del Open Arms, que plantea ya sanciones de hasta 902.000 euros. Sobre estas declaraciones, Montes asegura que "no es tanto lo que nos puede molestar sino lo que puede estar haciendo España en cuanto al incumplimiento de las leyes y los convenios internacionales".
Después de 19 días esperando a desembarcar, ahora se muestran contentos porque "toda la gente que llevamos a bordo está donde debe estar". Además, asegura que trabaja "para que no vuelva a pasar más, haciendo la misma labor que llevamos haciendo durante cuatro años".
"Hemos seguidos los protocolos, informado de todos los pasos. Está claro que no hemos sido nosotros los que no hemos seguido la ley", concluye Montes, criticando de nuevo las acciones llevadas a cabo por España, Italia y Malta.
El problema, en esta ocasión está en que, según dice "se ha politizado la situación". "Nos hemos sentido totalmente abandonados, porque desde el punto de vista jurídico, ya no hablo del humano, las administraciones no se han hecho responsables de lo que tendrían que hacer bajo las normativas internacionales", insiste de nuevo Montes.
Una vez en tierra y con el barco incautado para una investigación, desde el Open Arms advierten: "Mientras haya una necesidad, vamos a hacer todo lo posible por cubrirla". "Después de todo este sufrimiento, recuperamos las fuerzas para que el resto de gente que queda en el mar tenga la misma salida", concluye.