La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado la intención del Ejecutivo de seguir adelante con la aprobación de la Ley de Vivienda a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se oponga en un informe preceptivo que, dice, "no es vinculante".
Así lo ha manifestado en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha criticado por "anómala" la composición del CGPJ, cuyo mandato lleva caducado desde hace casi tres años. "Este informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante. Lo estudiaremos con mucha atención y garantizaremos la seguridad jurídica de un nuevo derecho que vendrá para quedarse", ha asegurado con rotundidad.
Rodríguez ha defendido que el anteproyecto aprobado por el Gobierno -después de unas duras negociaciones entre el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales, cada uno dirigido por el PSOE y otro por Unidas Podemos- es "muy importante" y que esta "ley de bases", como la ha definido, servirá para "garantizar ese derecho básico del acceso a la vivienda".
La ministra ha asegurado que van a poner en marcha el "quinto pilar del Estado del bienestar" y que van a dar respuesta a muchos padres y jóvenes que ven que, después de haber estudiado, no pueden emanciparse.
"Hay un mandato de cumplimiento con los ciudadanos, era un contrato que asumimos como compromiso de investidura", ha subrayado la ministra, que es la 'cara' del Gobierno desde su remodelación en mayo.
En este sentido, Rodríguez ha confirmado que esta ley se complementará con otras medidas en la misma materia, como un Plan Estatal de Vivienda, el bono para facilitar el acceso al alquiler de los más jóveneso una nueva Ley de Arquitectura.
Cuestionada por el alza del salario mínimo interprofesional, la titular ha querido mostrar su respeto al diálogo social, que se encuentra en plena fase de negociación, pero ha subrayado el compromiso del Ejecutivo de subirlo al 60% del salario medio al final de la legislatura.
Podemos advierte de que no aceptará ningún cambio
Por su parte, la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha lamentado este martes el retraso en la aprobación de la Ley de Vivienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha asegurado que el Gobierno valorará la opinión del CGPJ.
En este sentido, la titular de Agenda Urbana ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad y plena confianza" ya que la ley, que ha insistido que se aprobará, "contará con todas las garantías y toda la seguridad jurídica que requiere".
Con todo, ha querido dejar claro que el Ejecutivo solicitó el dictamen del Poder Judicial el pasado 1 de diciembre y por trámite de urgencia, para que se emitiera en 15 días. "Respetamos y respetaremos las consideraciones que haga el CGPJ. Estamos desarrollando una ley que cumple escrupulosamente con todos los trámites en tiempo, forma y contenido", ha subrayado.
Entretanto, Unidas Podemos advierte de que "no aceptará ningún cambio en lo pactado" y afirma que sería "un grave incumplimiento de los acuerdos" entre los socios de la coalición. Desde la formación morada anticipan un informe del CGPJ "muy duro" contra la ley e inciden en que que estarán vigilantes para garantizar que se respeta íntegramente el texto ya aprobado en Consejo de Ministros.
El informe del órgano judicial, sostienen, en la línea de la ministra portavoz, "es preceptivo pero no vinculante" y critican que la norma "empieza a acumular un retraso injustificable en su aprobación definitiva".
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