La Fiscalía del Supremo investigará al rey emérito por las presuntas comisiones ilícitas que habría recibido por mediar en la adjudicación de la obra del AVE a la Meca. Pesquisas que tienen por objeto "delimitar o descartar la relevancia penal" de los hechos ocurridos tras su abdicación en junio de 2014, momento en que perdió su inviolabilidad como jefe del Estado.

Eduardo Inda, sin embargo, sostiene que esta investigación se abre "para cerrarla", pero que el monarca no saldrá imputado, precisamente porque "el pago de esas comisiones es anterior al año 2014". En este sentido, el director de 'okdiario' ha puesto como ejemplo una carta publicada por su periódico, del año 2006, en la que Juan Carlos I supuestamente se dirigía a un ministro saudí para influir en que la obra se adjudicara a empresas españolas.

"Solo ese documento debería servir para procesar al exjefe del Estado", ha señalado Inda, que ha puntualizado que el problema es que la Fiscalía indica en su nota que la investigación se centra en hechos posteriores a la abdicación. "El pago de esas comisiones es anterior al año 2014, la formalización de esas mordidas es previa", ha advertido.

"A lo mejor se podría investigar dónde ha ido ese dinero", ha señalado, insistiendo en que "el acuerdo para pagar esas comisiones es previo al año 2014". "Se empieza a hacer en el año 2008, por tanto, según esa nota [de la Fiscalía], no estaría afecta la investigación al inicio del pago de esas comisiones", ha apostillado.

Inda asimismo ha apuntado que, en principio no habría pagos posteriores al año 2014 y que, para entonces "ya estaba abonado" el montante total de esas 'mordidas'. Una cantidad que, según ha detallado, estaría en torno a los 200 millones de euros.

No obstante, si las investigaciones demostrasen que el rey mantuvo una fortuna en Suiza después de 2014, podríamos estar ante un delito de fraude fiscal. "Salvo que investiguen adónde ha ido a parar ese dinero, es complicado que puedan enganchar penalmente al rey emérito", ha concluido al respecto Inda, que precisa que la cuestión plantea, en cualquier caso, un debate jurídico: "¿El rey era inviolable en el momento en que era jefe del Estado y una vez que deja de serlo se le puede imputar o es una cuestión temporal y solo se le podría imputar por hechos posteriores a 2014?".