Noviembre de 2014, en el despacho del número 2 de la Policía o Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino; junto a él, otras tres personas —Enrique García Castaño, José Ángel Fuentes Gago y el comisario José Manuel Villarejo—. En este encuentro el comisario Villarejo parece desconcertado al enterarse de que está envuelto en una investigación de asuntos internos, relacionada con el caso del Pequeño Nicolás. En aquel momento comenzaron las presiones para que Villarejo fuese sacado de la investigación.

El DAO, Eugenio Pino, ordenó la destitución del equipo de asuntos internos que había iniciado la investigación y se lanzó una operación para machacar a este grupo que estaba intentando acabar con las denominadas cloacas del Estado.

En 2018 el que fuera inspector de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Bas, junto al inspector Rubén Eladio López, presentaron una querella en 2018 acusando a altos mandos policiales por haber bloqueado la investigación al comisario. El pasado mes de febrero de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó imputar a la cúpula policial, la de la época del Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, laSexta ha hecho públicos en exclusiva unos audios que implican a las personas que intentaron impedir la investigación contra Villarejo.

Los delitos que se les imputan a la cúpula policial

  • Acoso laboral
  • Organización criminal
  • Ocultación de pruebas
  • Prevaricación
  • Revelación de secretos
  • Obstrucción a la Justicia
  • Encubrimiento

Estos son algunos de los 15 cargos que se imputan a los responsables de la Policía implicados en este caso, delitos que habrían sido cometidos durante la era de Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior.

En el marco de este operativo, algunos de los agentes que buscaban acabar con las cloacas del Estado fueron degradados, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo, mientras que otros fueron destinados a zonas alejadas de sus viviendas. Hubo un caso particular de un agente que fue enviado como responsable de calabozos en Madrid, cuando tenía un currículum impecable.

Según se puede extraer de la querella, esta cúpula policial además de ordenar que no se investigara a Villarejo, amenazó al inspector jefe del grupo con expulsarlo de la Policía y con enviarlo a Kuala Lumpur (Malasia). Dado el impedimento por parte de estos altos cargos de que los agentes de asuntos internos pudieran realizar sus investigaciones pesa sobre ellos un posible delito de obstrucción a la Justicia, amén del acoso sometido a los agentes.

Otro de los posibles delitos en los que podrían estar incurriendo sería el de revelación de secretos, porque la investigación no se podía conocer, más allá de los propios investigadores; mientras que otro que podría darse es el de encubrimiento: si la Policía sabía algo debería haber ido al juzgado, y no esconderlo.