Era junio de 2020 cuando las revistas de 'papel couché' dieron la noticia: Luis Miguel acababa de vender su icónico yate 'Sky', famoso por hospedar sus grandes fiestas, reuniones, alguna cita amorosa y su lugar de reposo durante la pandemia. La embarcación fue vendida por casi tres millones de dólares y, gracias a esa venta, se conoció parte de su interior. Ahora, y gracias a los Pandora Papers, conocemos más datos: el cantante puertorriqueño usó una empresa offshore en Islas Vírgenes Británicas para esconder su barco.

De diseño italiano, cuatro camarotes con capacidad para ocho pasajeros, 25 metros de eslora... el 'Sky', como Luis Miguel llama a su yate Azimut Flybridge, fue comprado por el cantante a mediados de 2013 gracias a una empresa opaca en el mencionado paraíso fiscal. Una operación en la que fue esencial su hermano, Alejandro Gallego Basteri, y Joe Madera, que fue su asistente y mano derecha. Así lo hemos descubierto en la mayor investigación periodística de la historia, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, en inglés) y que en España ha contado con la participación de laSexta y El País. Este caso en concreto ha sido investigado por los compañeros mexicanos: Proceso y Univisión.

De acuerdo a la documentación a la hemos accedido gracias a los Pandora Papers, los hermanos Gallego Basteri constituyeron la compañía Skyfall Marine Limited con ayuda del despacho Trident, ubicado en Islas Vírgenes Británicas. Luis Miguel aparece, con 50.000 acciones, como el único dueño de la empresa, según un certificado de acciones fechado al 13 de junio de 2013. Alejandro Gallego es el secretario y director de la compañía, como se puede ver en una declaración firmada por el hermano del cantante.

Crear una empresa offshorepara registrar un bien como un yate es, según hemos podido ver en filtraciones como las de Pandora o Panamá, una maniobra financiera tristemente común entre personas de grandes ingresos. Permite ocultar al público (y a algunos fiscos) quién es el verdadero dueño del objeto en cuestión (en este caso, el famoso yate). Estas personas de gran poder adquisitivo se aprovechan de que en Islas Vírgenes Británicas rige la confidencialidad y está prohibido por ley revelar el directorio y quién es el accionista mayoritario de una compañía, con multas que van desde los 5.000 a los 50.000 dólares a quien lo haga. En los partes marítimos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), por ejemplo, hay registros del paso del 'Sky' por aguas estadounidenses, pero no hay rastro del nombre de Luis Miguel Gallego Basteri, sino de Skyfall Marine, el dueño legal de la embarcación.

Los documentos que vemos en Pandora Papers revelan que el papeleo para la inscripción de la sociedad comercial estuvo a cargo de Madera. Además, se ven los argumentos que dan autoridad para crear la compañía: "El saldo promedio de sus cuentas en el último año se ha mantenido en las seis cifras", se lee en una carta de referencia otorgada por la filial del banco HSBC en Estados Unidos, que asegura que el cantante había sido su cliente durante 16 años. El asistente, asimismo, detalla que el motivo de abrir dicha compañía es la adquisición del yate y que el dinero proviene de la fortuna del artista.

Luis Miguel se identifica como residente de Beverly Hills (Los Ángeles), con pasaporte de Estados Unidos y permiso de conducir emitido en California. Su hermano Alejandro, por su parte, presenta pasaporte español y tarjeta de residente permanente en México, con domicilio en una lujosa zona inmobiliaria de Puebla.

Los problemas económicos del cantante también se reflejan en los documentos de los Papeles de Pandora. Un intercambio de correos electrónicos a mediados de 2018 entre Madera y los agentes de Trident dan cuenta de que Skyfall Marine no cubrió sus cuotas anuales de 2016 y 2017 ante las autoridades de Islas Vírgenes Británicas. Eso obligó a que el asistente tuviera que pagar casi 7.000 dólares para restablecer la compañía y poder renovar el registro de la embarcación. Además, se le impuso una multa de 5.000 dólares por no completar el registro de directores de la compañía.

En noviembre del año pasado, ya sin activos, Skyfall Marine fue disuelta, según el registro de Islas Vírgenes Británicas.

Ni Luis Miguel ni su hermano o exasesor han querido hacer comentarios al respecto. Desde el ICIJ se ha buscado a Madera por teléfono y correo electrónico, se ha contactado con trabajadores de la producción de la serie de Luis Miguel en Netflix, así como con empresas asociadas a la familia Gallego Basteri; además, se han mandado cuestionarios a quienes gestionan las redes sociales del artista, sin obtener respuesta.

Las polémicas fiscales de Luis Miguel

Ésta no es la primera vez que se vincula al cantante de origen puertorriqueño con negocios opacos. Incluso alguno de ellos aparece en su serie biográfica en Netflix. A finales de los ochenta, Luisito Rey, su padre, utilizó una entidad en Suiza en la que acumuló alrededor de 20 millones de dólares fruto de los primeros años de la carrera del cantante. Por esta polémica Luis Miguel tuvo que huir durante una temporada en el extranjero y el asunto se zanjó con el pago de una multa millonaria. Él mismo lo reconoció en 1993 en una televisión argentina: "Tuve problemas en México con Hacienda por mis impuestos, cosa que no sabía porque ni siquiera manejaba mi dinero".

En la primera década de los años 2000, la superestrella también tropezó con el Departamento del Tesoro estadunidense, que le reclamaba una deuda de 133.000 dólares por no pagar los impuestos del penthouse que tenía en Brickell, una de las zonas más exclusivas de Miami. En 2013, el mismo año en el que compró el Sky, se informó también que tuvo que deshacerse por supuestos problemas económicos de una inmensa mansión de 36.000 metros cuadrados en Playa Bonfil, en la zona de Acapulco Diamante, que es un escenario recurrente en Luis Miguel, La serie.

En agosto de 2016, William Brockhaus, su representante entre 2013 y 2015, lo demandó ante una corte de California por deberle más de un millón de dólares y por incumplimiento de contrato. Durante el litigio se autorizó el embargo de un Rolls Royce modelo 2013 de Luis Miguel, valorado en 300.000 dólares, y tras no presentarse tres veces a testificar, el cantante se entregó en mayo de 2017. En el juicio, Madera fue citado a declarar sobre las cuentas, propiedades y ganancias del intérprete, pero en la mayoría de los casos respondió que no estaba al tanto de las finanzas de su jefe. Finalmente, Brockhaus llegó a un acuerdo con Luis Miguel.

Para entonces, 'El Sol', como se conoce al cantante, tenía otros dos frentes legales abiertos: una demanda de su propia discográfica, Warner Music, que le reclamó 3,6 millones de dólares y otra del cantante Alejandro Fernández por una gira conjunta -que finalmente no realizó- en la que Luis Miguel cobró unos siete millones de dólares por adelantado. El artista acabó pagando a Warner y liquidando la deuda con Fernández. Ya estamos en 2017, el mismo año en que Único, otro yate con el que se ha relacionado al cantante, fue embargado por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos por un pasivo de 120.000 dólares en mantenimiento y la renta de una marina en Miami, según la cadena Univisión.