El fondo "Amado": así se gestó el plan de Corinna para nombrar a Juan Carlos I su heredero

El plan de Corinna Larsen para que el rey emérito recibiera parte de su fortuna opaca en el caso de que ella muriera se elaboró con tiempo y con muchas versiones que distan del borrador final que laSexta y El País han desvelado, gracias a los Pandora Papers, una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Así, en primeras versiones del acuerdo de 2007 que estableció el trust Peregrine entre la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (el nombre de casada que todavía utiliza, pese a su divorcio), la beneficiaria, y el despacho neozelandés que gestionaría sus bienes, este fideicomiso tenía otro nombre: "Aimé". Literalmente, "amado", en francés

En dicho documento, al que ha tenido acceso esta cadena, aparecen como beneficiarios, además de la propia Larsen (the Settlor), sus dos hijos y "su Majestad el rey Juan Carlos I Bórbon de Bórbon [sic]".

Además, e igual que con la carta desvelada ayer por laSexta en la que Corinna instruía legar parte de su fortuna offshore al entonces monarca en el caso de que ella muriese, hay otro borrador donde el nombre de Juan Carlos I aparece sustituido por "Mr. X". Se desconoce cuál de ambos se utilizó. De acuerdo con la información de los acuerdos, los cuatro textos se crearon el mismo día de finales de marzo de 2007.

La madeja societaria de Peregrine

Por otro lado, los Pandora Papers también arrojan un nuevo documento vinculado al fideicomiso Peregrine y fechado en 2011. En concreto, una declaración firmada y sellada ante notario en el que se señala que el despacho Rendor Overseas, de Panamá, posee una acción de la compañía Peregrine 55 International Limited.

Este papel ante notario relaciona a la citada Peregrine 55, en las Islas Británicas, con otro fideicomiso en Nueva Zelanda, Ardel Trust Company, y también relacionado con el citado Peregrine Trust, que en un principio se habría llamado "Amado".

Preguntados por laSexta y El País, los representantes legales de Corinna Larsen han negado la veracidad de la información y del plan de su cliente en 2007. "Circulan rumores infundados de que Juan Carlos era beneficiario de una estructura relacionada con Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Estos rumores se originaron a partir de documentación falsificada", sostiene en un comunicado el abogado londinense Robin Rathmell.

Rathmell, de hecho, lo enmarca dentro del "caso de acoso que mi cliente está siguiendo en Inglaterra contra Juan Carlos".

Por su parte, el abogado del rey emérito, Javier Sánchez Junco, ha rehusado responder a laSexta y El País.

Juan Carlos I, heredero de Corinna

Corinna Larsen, la examiga íntima del rey emérito Juan Carlos de Borbón, pidió en 2007 que se entregara parte de la fortuna que mantenía en un fideicomiso al monarca –cuando todavía era jefe del Estado- en el evento de su muerte.

Según varios documentos a los que ha tenido acceso esta cadena, el monarca, de 83 años, aparece como beneficiario del trust Peregrine, un fideicomiso vinculado a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (el nombre que sigue utilizando a pesar de divorciarse del aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn).

En concreto, en una carta de la amiga del rey al gestor del fideicomiso en Nueva Zelanda con el que organizaba su patrimonio, Larsen –de 57 años- solicita que, en caso de su fallecimiento, se entregue al rey el 30% de los ingresos del trust procedentes del Fondo de Infraestructura Hispano Saudí hasta que se liquiden completamente. El resto del patrimonio habría de repartirse entre los dos hijos de la aristócrata.

"Deseo que los fiduciarios consideren entregar a su Majestad el rey Juan Carlos I Bórbon de Bórbon [sic] el 30% de todas las ganancias procedentes del Fondo de Infraestructura Hispano Saudí", señala Larsen en el escrito. Una vez liquidado el fondo, apunta, "no será considerado un beneficiario del Trust".

Dicho Fondo fue una iniciativa de la que Corinna y el emérito fueron grandes valedores, aunque luego resultó fallida y las empresas españolas perdieron 20 millones de euros.