Las protestas en Chile comenzaron cuando se anunció una subida del precio del metro de Santiago. Ese fue el detonante que hizo estallar el descontento por la desigualdad que existe en el país.
Sobre el papel, Chile tiene una historia económica de éxito, de hecho, pertenece a la OCDE, el club de los países más desarrollados del mundo; pero, al mismo tiempo, es uno de los países más desiguales de toda América Latina.
El 1% de la población acumula el 25% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre apenas accede al 2% de esa riqueza. Todo ello se refleja en los sueldos: el salario medio no llega a los 650 euros, pero es que más de la mitad de la población cobra menos de 450 euros al mes.
Con esos bajos salarios, los chilenos tienen que vivir en un sistema en el que la mayor parte de los servicios son privados, y los públicos no funcionan bien. Es el caso de la sanidad: allí, el 80% de la población acude a la pública, y las listas de espera para un especialista suele ser de uno a dos años. Por eso, el 20% de la población acude a la privada, pero es algo que la mayor parte de la gente no se puede permitir.
Lo mismo ocurre con la educación: Chile tiene uno de los sistemas universitarios más caros del mundo. En la universidad pública el coste medio por estudiante al año es de al rededor de 7.000 euros, un precio que se dispara en las privadas. Además, como sólo los más pobres pueden acceder a las becas, los estudiantes se ven obligados a contraer créditos que les mantienen endeudados durante décadas.
Otra de las principales demandas sociales de los chilenos es el sistema de pensiones. Allí, el sistema es totalmente privado: cada trabajador tiene que dedicar más o menos un 10% de su salario mensual a pagar ese fondo de pensiones. Aunque el Estado complementa las más bajas, el 80% de los jubilados cobra menos de 340 euros al mes.
Todo este sistema social está avalado por la Constitución de 1981, aprobada en época de Pinochet. Esta Carta Magna otorga al Estado un papel subsidiario, es decir, no es el que presta los servicios, sino que simplemente vigila a las empresas privadas que proveen esos servicios; por eso los manifestantes creen que es fundamental reformar ese texto que, además, tiene la lacra de venir de la época de la dictadura.