Imaginen lo que es vivir con miedo a coger el teléfono. Si lo hacen, al otro lado estará un fondo buitre. Es la situación que vive Cristina, que sufre acoso inmobiliario. Ella trabaja en la ONCE y cuida a su hermano, también con discapacidad.
"No es que llamen una vez y paran, es continuo. No tengo el respaldo de nadie", lamenta. Para frenar estos casos, el gobierno valenciano introduce una nueva norma que contempla multas que rozan el millón de euros en los casos graves de acoso.
Además, la Generalitat valenciana podrá expropiar a los grandes tenedores de viviendas durante cinco años para atender la emergencia habitacional siempre que esas viviendas hayan estado vacías más de un año y con compensación económica.
Con esta medida, la comunidad autónoma se sitúa como pionera en poner el derecho a la vivienda por delante del derecho a la propiedad.
