La justicia francesa dio la razón a los propietarios de un gallo en una localidad turística en la isla francesa de Oleron. Los dueños del animal habían sido denunciados por unos vecinos que se quejaban del canto del gallo.
El Tribunal de Rochefort impuso a los denunciantes el pago de 1.000 euros por daños y perjuicios a la dueña del gallo, Corinne Fesseau, explicó su abogado, Julien Papineau. Además, tendrán que abonar los gastos del procedimiento y no hay posibilidad de recurso.
El tribunal consideró que los querellantes no habían presentado pruebas suficientes de que el gallo Maurice hiciera un ruido excesivo y estimó que un animal como este puede vivir en una localidad rural cuando no está en el centro.
El gallinero se encuentra a cuatro metros de la habitación de la pareja denunciante en un pueblo que tiene 7.000 habitantes en invierno, pero cuyo número se quintuplica durante las vacaciones de verano.
"Es una buena decisión" tras dos años de procedimiento que, entre otras cosas, prueba que "no se puede ir ante la justicia por nada", subrayó Papineau.
Los denunciantes exigían que cesaran lo que calificaban de "molestia sonora" y pedían que si no ocurría se impusiera una sanción de 150 euros al día a la propietaria del gallo Maurice.