Un día antes de que se ratificasen las medidas de PSOE y Podemos contra la violencia machista, el Ministerio del Interior anunciaba la puesta en marcha, en breve, de los nuevos protocolos de violencia machista que medirán no sólo el riesgo de que una víctima sea asesinada sino la "capacidad agresora" del maltratador y el grado de peligro en el que se encuentran los menores.
Unos mecanismos de valoración policial del riesgo que venían demandando los expertos en violencia machista y que afectan a todos los agentes implicados en esta lucha, desde el Gobierno al Poder Judicial o la Fiscalía, las fuerzas de seguridad del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
11 de las 40 mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas habían presentado denuncia contra ellos, lo que evidencia la incapacidad del actual sistema para protegerlas.
Paralelamente a los nuevos protocolos, el Ministerio del Interior pretende incrementar la plantilla de policías y guardias civiles dedicados a combatir la violencia machista y su voluntad es incorporar la cantidad destinada a este fin en los presupuestos generales del Estado para 2019.
En este sentido, en el documento pactado entre el Gobierno y Podemos está el compromiso de reforzar la lucha contra todas las violencias machistas y para ello quieren blindar el "solo sí es sí" en el Código Penal y financiar de manera completa el Pacto de Estado de Violencia de Género.
El acuerdo prevé impulsar una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales. Esta ley implicaría la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones y de abusos sexuales bajo la denominación común de "agresiones sexuales".
Incluiría, además, una serie de políticas públicas a las que puedan acceder quienes sufran violencia sexual, igual que ocurre con la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja. Además, según el acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias, es necesario desarrollar de forma completa y ambiciosa el Pacto de Estado de Violencia de Género.