Fiel a las tradiciones locales de la Comunidad Valenciana, todo en el modelo Alzira ha costado mucho más de lo previsto desde el principio. Su construcción se presupuestó en 41 millones de euros, pero cuando se terminó de levantar la factura se había disparado hasta los 72 millones. Eran los tiempos de Eduardo Zaplana al frente del Gobierno regional.
La idea era ahorrar un 20% respecto a la gestión pública con un sistema en el que la Generalitat pagaba una cifra fija por cada habitante al que daba servicio, lo que se conoce como cápita.
Cuando el hospital se pone en marcha en 1999, ésta se fija en 204 euros por habitante y año, pero al muy poco de empezar a funcionar se sube a 225 euros. Sin embargo, pese a esa y a otras concesiones del Gobierno, la empresa quiebra en 2003.
El Gobierno prepara un rescate público que sale muy caro a los valencianos. Concretamente les cuesta 69 millones de euros, el equivalente a la indemnización que paga la Generalitat a Ribera Salud. 44 de ellos los paga por la rescisión del contrato y los otros 25 por el lucro cesante, es decir, por lo que supuestamente iba a dejar de ganar una empresa incapaz de gestionar como se había comprometido.
Pero eso no es todo. Tras el rescate, el Gobierno insiste en la privatización. Prepara unos nuevos pliegos y vuelve a ganar otra vez Ribera Salud. Además, esta vez con unas condiciones aún más ventajosas.
La cápita pasa de los 225 euros por habitante y año a 379. Una cifra que se ha ido incrementando con los años hasta lo cerca de 750 euros que se pagan en la actualidad.