Un total de 27 menores han sido asesinados en casos de violencia machista desde 2013. Todavía faltan garantías para la protección de las vícimas, como evidencia el asesinato en Castellón de dos niñas a manos de su padre.
"El sistema de protección es una especie de cadena con diferentes eslabones, cuando uno de esos eslabones falla, el sistema se tambalea y las mujeres son las principales perjudicadas", explica Gema Fernández, abogada de Women's Link.
Madres huérfanas de hijos asesinados por sus parejas han publicado un manifiesto en 'La Razón' en el que suplican al Estado que invierta en prevenir este tipo de violencia. También piden que se separe inmediatamente al maltratador de su víctima, como se aprobó en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.
"Hay que imponer medidas cautelares de protección, privación de la patria potestad, del suspensión del régimen de visitas cuando el niño haya estado expuesto a la violencia", sostiene María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
En 2017 sólo en un 0,8% de los casos se tomaron medidas destinadas a proteger al menor y el régimen de visitas del padre solo se suspendió en un 2,8% de los casos. Por ello, también exigen la necesidad de que un médico forense esté presente en todos los juzgados de violencia.
"La Policía y la Guardia Civil están haciendo su trabajo, pero necesitamos en los órganos judiciales una valoración forense que nos diga que peligrosidad tiene ese asesino", añade Carmona.