"Al tomar conocimiento de esa lista que había de determinadas prendas, se ha dejado sin efecto la circular únicamente en cuanto a ese listado del tipo de vestimenta", dijo el presidente del TC, Oswaldo Valencia, según la agencia estatal ABI.
Indicó que sí queda en vigor la decisión de que los trabajadores del tribunal tengan a la vista sus credenciales institucionales, así como el registro en Recursos Humanos de quienes usen vestimentas correspondientes a los pueblos indígenas.
La decisión del TC, divulgada el lunes por los medios, también prohibía el uso de pantalones estampados, chaquetas de cuero, camisetas, vestidos cortos y zapatillas deportivas. A la vez, el Constitucional pedía a sus empleados vestir de manera "formal y discreta". "El incumplimiento de la presente instrucción dará lugar a la aplicación de sanciones; además de que no se permitirá su ingreso a la institución", señalaba el polémico comunicado de la entidad.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, se sumó a las críticas a aquella decisión, que calificó de "ridícula", "fallida" y "absurda", si bien celebró que el TC haya retrocedido en la aplicación del instructivo. "Era una restricción cargada y llamada a controlar la indumentaria de la mujer, lo que denota un tipo de pensamiento no solamente machista, sino patriarcal y discriminatorio", dijo el vicepresidente a los medios en La Paz.
Además del repudio generalizado, la decisión del Constitucional "iba a tener efectos legales", ya que el Viceministerio de Descolonización estaba preparando la documentación para presentar un recurso, indicó García Linera, que ejerce la Presidencia interina por el viaje de Evo Morales a Nicaragua.
La prohibición desató comentarios de rechazo en las redes sociales contra el Constitucional, más tomando en cuenta que el Poder Judicial en Bolivia atraviesa una crisis por reiteradas denuncias de corrupción, ineficacia y violación de derechos.
Varios internautas y medios han destacado que en Bolivia existe una ley contra todo tipo de racismo y discriminación que cuestiona la aplicación de distinciones o exclusiones por múltiples razones, entre ellas por la vestimenta.
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