Datos oficiales certifican que el 5% de los presos por agresión sexual reinciden en esta clase de delitos. Desde 2010 se aplica en nuestro país la castración química de forma voluntaria, aunque debe ser el preso quien solicita la medida.
El primer preso en solicitarla fue Alejandro Martínez Singul, conocido como el segundo violador de l'Eixample. Se trata de una medida irreversible y los expertos defensores de esta medida aseguran que es un método que reduce drásticamente la reincidencia.
En Francia, Reino Unido y Australia es una opción voluntaria como en nuestro país, mientras que es imperativo legal para violadores violentos en Bélgica Suiza y Polonia, así como en media docena de estados de Estados Unidos y Rusia.
La legislación más punitiva está en Indonesia, donde no hay ni reinserción ni segunda oportunidad. La castración química es obligatoria y el reo puede ser condenado a la pena de muerte.