La condena a Cassandra
reabre el debate político sobre la libertad de expresión y sus límites. Baldoví,
diputado de Compromís, era el primero en mostrar su apoyo público tras la
condena de un año de cárcel que también critica Podemos. "Queremos que se persiga el terrorismo pero no
queremos que se persigan a tuiteros y a gente que hace humor", señala Irene
Montero.
Por eso piden una
reforma del Código Penal que elimine el delito de enaltecimiento, algo a lo que
el PP se opone. Pero el debate no es
solo político: ni los jueces se ponen de acuerdo y la misma Audiencia Nacional
que condenó a Cassandra, absolvió en su día a otros tuiteros.
Donde no hay debate es
entre los humoristas. "Tengo derecho a reírme de la muerte de un fascista",
señalaba Facu Díaz, humorista. "Si nos acobardamos y dejamos de hacer humor
estamos permitiendo que esa especie de represión legal continúe", asegura Darío
Adanti.
La condena de un año de cárcel y siete de inhabilitación ya tiene para Cassandra una consecuencia: se quedará sin beca para la universidad.