Ana Mari y Pedro son abuelos que hacen de padres de su nieta de 11 años. Su hija fue asesinada por su pareja hace ocho años. "Yo soy abuela. Que haga lo de una madre, vale. Pero yo soy abuela", explican.

Meses después, un juez les otorgó la custodia de su nieta y hasta ahí lo recibido por las instituciones, porque los tres viven únicamente de la pensión de invalidez de Pedro. "Solicité a ver si le daban de orfandad y dijeron que no, que la madre había trabajado poco y no le pertenecía", explica Pedro, el abuelo.

Su hija no llegó a cotizar 15 años antes de ser asesinada con 35 y se quejan del desamparo: "Parece que estamos pidiendo caridad. Y yo caridad no quiero pedir". Sólo quieren garantizarle una educación a la niña para "por lo menos, ponerla como una mujer el día de mañana", ha contado Ana Mari.

Las Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto trabajan en ayudar a familias como la de Ana Mari y Pedro, "para que consigan lo que de otra manera tendrían que haber conseguido si sus madres siguieran vivas", ha asegurado Joaquín Tagar, viudo y promotor de las Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto.

Porque en los últimos 5 años, 169 niños han visto cómo asesinaban a su madre y hay que intentar reparar ese daño para que "esta gente pueda continuar su vida sin que ese crimen horrendo que han vivido sea realmente lo que trunque su futuro", ha explicado Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

Este martes el Congreso admitirá a trámite por mayoría una propuesta del PSOE en esta línea. "Ni un solo menor huérfano por violencia de género de este país que no tenga una prestación de orfandad", ha asegurado Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso. Una pensión mínima de 677 euros mensuales.