Un ejemplar de dos metros de boa constrictor ha sido decomisado a su propietario en Alicante tras caer a la calle desde la terraza de un edificio de la ciudad. Esta especie, conocida por matar a sus presas mediante estrangulación, figura como prohibida para su tenencia por parte de particulares, según el Seprona de la Guardia Civil, por lo que la serpiente ha sido incautada y trasladada temporalmente al parque Terra Natura de Benidorm.

El ejemplar decomisado se ha precipitado desde una terraza de un edificio de cuatro alturas, aunque no se ha precisado desde qué piso. Tras su incautación, el Seprona la ha llevado al departamento de Herpetología de Terra Natura, donde permanecerá temporalmente hasta que determinar una ubicación definitiva para ella, según han indicado la Guardia Civil y el parque de naturaleza.

El responsable de Herpetología de Terra Natura, David Martí, ha identificado al animal como una especie cuya posesión queda prescrita para particulares por la reciente Ley de Bienestar Animal. Los veterinarios le han realizado una revisión y le han puesto un microchip para tenerla identificada y evitar que vuelva a estar en un domicilio particular como si fuera un animal de compañía.

"Estos animales son complejos de cuidar. Se deben tener en cuenta muchos parámetros y factores para conseguir un hábitat y un grado de bienestar adecuado para estas serpientes, por lo que no se deben tener en las casas como si se tratara de un animal de compañía", ha subrayado Martí, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, el Seprona ha incidido en que el tráfico y la tenencia ilegal de especies puede conllevar consecuencias de carácter administrativo y penal, además de suponer graves riesgos para la seguridad cuando no se les proporcionan los cuidados y medidas de seguridad adecuados.

La boa constrictor puede llegar a medir cinco metros de longitud y se caracteriza por matar a sus presas mediante constricción, apretándolas con su cuerpo hasta que logra estrangularlas.

Violación grupal

Así contó laSexta la indignación popular tras conocerse la sentencia de La Manada, de la que se cumplen 6 años

El 26 de abril de 2018 la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento, pero no por agresión sexual, lo que desató una oleadas de protestas populares.