Un año después de que el Tribunal Supremo elevara a 15 años la condena a 'La Manada' por la violación en grupo de una joven en los Sanfermines en julio de 2016, cuatro de sus cinco miembros conocerán este jueves la sentencia por la acusación de abuso sexual a una joven en Pozoblanco (Córdoba) ese mismo año.
El veredicto al que se enfrentan Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escuder tiene como clave si el juez admite como prueba o no los vídeos grabados por los acusados. El juez de lo Penal número 1 deberá dilucidar si da validez o no a la prueba obtenida por la Policía Foral de Navarra.
El abogado de la defensa, Agustín Martínez, mantuvo durante el juicio, celebrado el pasado noviembre, que se obtuvo "de forma ilícita" porque "carecían de autorización judicial". Mientras que el testigo y agente de la Policia Foral que los descubrió defendió que se hizo de forma legal, extremo que también apoyó la Fiscalía y la acusación particular.
Los vídeos se obtuvieron el día que los integrantes de 'La Manada' fueron detenidos en Pamplona y entregaron voluntariamente sus móviles. En ellos, la Policía Foral de Navarra encontró dos vídeos en los que se veía a "una mujer en aparente estado de inconsciencia", según reza el atestado policial.
La defensa pide la absolución o una pena alternativa si se admiten las grabaciones
Pese a solicitar la absolución por la invalidez de la prueba, y además de negar los abusos, Martínez pidió, como alternativa, dos años de prisión para Prenda por un delito de maltrato con la concurrencia de otro contra la intimidad; una pena de seis meses de prisión para Cabezuelo y Guerrero por delitos contra la integridad moral; y para Escudero una multa de un mes a razón de seis euros diarios por un delito de maltrato.
La Fiscalía dejó en seis años, frente a los siete que solicitaba en su escrito de acusación provisional, la petición de prisión: cuatro años para cada uno de ellos por un delito contra la intimidad y dos por abuso sexual. El fiscal defendió que el vídeo se obtuvo con "absoluto respeto a derecho" y sin que se hubiesen "afectado los derechos fundamentales de los acusados".
La acusación particular, ejercida por la joven y dirigida por el letrado Blas Arévalo, también entendió el vídeo una prueba "plenamente lícita" y pidió dos años y medio a cada uno de los acusados por un delito continuado de abusos y cuatro años por el delito contra la intimidad.
Los hechos juzgados ocurrieron entre los municipios cordobeses de Torrecampo y Pozoblanco en la madrugada del 1 de mayo de 2016, cuando la joven y los integrantes de La Manada, uno de los cuales había estado destinado como guardia civil en el puesto de esta última población, coincidieron en la feria del primero de los pueblos.
La joven no recordada con exactitud los hechos, pero la visualización del vídeo descubierto por la Policía Foral le confirmó las sospechas, ya que en el trayecto entre Torrecampo y Pozoblanco perdió la consciencia por causas no precisadas.
Según declaró un amigo en el juicio, al día siguiente de los hechos, la joven le llamó: "Me dijo, 'Peter, me han violado'. Se hizo un silencio y me colgó. Me dijo algo así como que no tenía que haber llamado". Según su relato, su respuesta fue clara: "debía denunciar", pero ella no sabía a quién y eso "le daba mucha vergüenza", pero la llamada de la Policía Foral y la posterior visualización del vídeo hicieron cambiar de opinión a la chica: "Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Nadie me creía", dijo, según cuenta el agente que la telefoneó, y fue en ese momento en el que ella denunció los hechos.